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Censuremos al abogado

Si usted es una de esas personas que considera que un abogado es malvado e indigno, porque en el ejercicio de su profesión representa a personas que han sido indiciadas o que están en la cárcel o que han dedicado su vida a estar por fuera de los márgenes de lo que para el común de las personas es la ¨legalidad¨, entonces esta columna, si me regala tres minutos, es para usted.

Sonará lógico y quizá absurdo mencionarlo, pero el abogado no es el cliente. Sí, parece una bobada decirlo, sin embargo, tal vez usted no haya logrado hacer tal diferenciación o no lo quiera. En otras palabras, cuando los abogados aceptamos representar a alguien señalado de robar, estafar o asesinar, eso NO nos convierte en ladrones, estafadores o asesinos.

Con lo anterior claro, eso espero, debo mencionar que la Constitución Política, en su artículo 29 consagró el derecho fundamental al debido proceso, haciendo extensiva su aplicación “a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido, como la oportunidad reconocida a TODA persona, en cualquier proceso sea judicial o administrativo, de ser oída, de hacer valer sus propias razones, de controvertir pruebas en contra, solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga.

En ese orden de ideas, es muy importante que tengamos claro que cualquier persona, sin distingo de ninguna clase, ni ideología política y sin importar el tipo de delito por el cual esté señalado, tiene derecho a la defensa, un derecho que nadie puede vulnerarle.

Sí, puede sonar triste, duro y algunos dirán que es injusto, pero el respeto por los derechos es lo que permite que haya democracia y que las sociedades avancen. Países en los cuales las libertades individuales son restringidas y se condena sin juicio, están condenados (ellos sí) a ser fallidos.

¿Y por qué dedico este espacio a hablar de esto? Es muy simple, por mi ejercicio profesional como abogado actualmente me encuentro representando al Ejército Gaitanista de Colombia-EGC, en su proceso de Paz Total, promovida por el gobierno Petro, como una de sus políticas de Estado, lo cual ha llevado a algunas personas a insultar, señalar e incluso, a catalogar como ¨apologista del delito¨, pasando por la desfachatez de solicitar el ser eliminados de redes sociales, contactos, etc., como si la pasión por el derecho penal, te hiciera merecedor de semejante escarnio.

Es muy importante saber diferenciar los roles. Sí, represento a este grupo que está al margen de la Ley, primero porque creo en la justicia y segundo porque considero que la Paz NEGOCIADA, es la única forma de parar el sufrimiento de las comunidades y que todos avancemos por el camino de la reconciliación. Con las balas, el sometimiento, la selectividad de los actores del conflicto, las mentiras de algunas ONG aparentemente defensoras de los derechos humanos (dueñas de la verdad absoluta) y el desdén del Gobierno, jamás habrá Paz.

Los invito a hacer un alto en el camino y a dejar de hacer juicios de valor. Estamos ante un momento de la historia que requiere de nuestra capacidad para entendernos y buscar soluciones conjuntas. Los colombianos merecemos vivir algún día sin zozobra y sin miedo.

Sobre el Autor

Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes

Abogado de la Universidad Católica de Oriente, Especialista en Derecho Comercial de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Especialista en Derecho Procesal Penal de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Magíster en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Doctorando en Derecho-(línea de investigación en Derecho Penal), de la Universidad Sergio Arboleda, Especialización en Derecho Constitucional, de la Universidad Sergio Arboleda. Con participación en actividades académicas, como congresos, diplomados, seminarios, cursos de especialización en la Universidad de Pisa, Universidad de Bolonia (Italia), Universidad de Salamanca (España), Pasante en el curso de Derecho Procesal Penal en la Universidad San Sebastián (Chile) y Estancia de investigación doctoral en la Universidad de Salamanca (España), Además con estudios de Especialización en Crimen Organizado, Terrorismo y Corrupción, Universidad de Salamanca (España). Con más de Diez y Ocho años (18) de experiencia en el ejercicio del derecho penal, como asesor de entidades oficiales y defensor de servidores públicos. Miembro fundador del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Actualmente Conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

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